Una propuesta para salvaguardar el derecho a la educación en la era digital
La inteligencia artificial (IA) está impactando con rapidez en el día a día de las escuelas, bajo la promesa de experiencias de aprendizaje personalizadas y una gestión educativa más eficiente. Pero, a la vez, plantea serias dudas sobre la privacidad, el uso ético de la tecnología y su impacto real en el aprendizaje. Un reciente informe de la UNESCO aboga por un enfoque basado en los derechos humanos y centrado en las personas, para garantizar que esta tecnología mejora las oportunidades de aprendizaje para todos, sin dejar a nadie atrás.
Las tecnologías digitales y, más específicamente, la inteligencia artificial (IA) nos traen la promesa de facilitar y ampliar el acceso al mundo digital, hacer más eficientes los sistemas educativos y personalizar -más bien, individualizar- el aprendizaje. Pero sin una regulación que ofrezca normas claras, protecciones sólidas y políticas inclusivas, esas mismas herramientas pueden aumentar la desigualdad, amenazar la privacidad y poner en riesgo el derecho a la educación. Por ello, el informe AI and education: Protecting the rights of learners, publicado por la UNESCO el pasado mes de agosto, urge a centrar la transformación digital en la protección de los derechos humanos.
Las herramientas de IA impactan de forma creciente en la enseñanza, el aprendizaje, la gestión de centros y la propia administración educativa. Estos avances aportan beneficios reales: metodologías de enseñanza más diferenciadas, planificación basada en datos y experiencias de aprendizaje más personalizadas. Sin embargo, la UNESCO advierte que casi un tercio de la población mundial —unos 2.600 millones de personas— aún no tiene acceso a Internet, y muchos grupos vulnerables (niñas, comunidades rurales, personas con discapacidad, poblaciones marginadas) quedan rezagados. Esta brecha no es solo de dispositivos o conectividad, sino también de habilidades, contenido accesible y gobernanza. Si se ignoran estos problemas, la digitalización ampliará las brechas existentes y la IA agravará la injusticia educativa.
El informe defiende un enfoque de la educación digital basado en los derechos humanos
Por ello, el informe aboga por un enfoque basado en derechos humanos para la educación digital. Estos derechos no son abstractos, sino que imponen obligaciones legales a los estados y orientan el diseño de sus políticas educativas. Por ello, aplicar este enfoque podría corregir desequilibrios y asegurar que la tecnología respalde el derecho a la educación, en términos de disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad.
Oportunidades y riesgos
El informe distingue entre tecnologías operativas (gestión, comunicación, sistemas de datos) y tecnologías pedagógicas. Dentro de estas herramientas pedagógicas se incluyen, entre otros, los programas con algoritmos de IA, que abarcan desde analíticas predictivas hasta instrumentos de IA generativa que crean texto, imágenes o audio. Estas herramientas basadas en IA exigen una atención especial en términos de calidad, seguridad, ética y desarrollo de competencias docentes.
Entre las posibilidades que ofrecen estas herramientas destacan la mejora del acceso a recursos educativos, la posibilidad de apoyo personalizado, la mejora de la gestión escolar y la generación de datos para facilitar la planificación. La IA puede automatizar tareas rutinarias, liberar tiempo docente y apoyar la enseñanza diferenciada.
La otra cara de la moneda es que las herramientas que emplean algoritmos de IA amenazan con reducir el componente humano del aprendizaje, basado en la relación profesor-alumno, facilitar la explotación comercial de datos del alumnado, introducir sesgos en algoritmos, poner en riesgo la privacidad y crear dependencia de proveedores privados.
Las herramientas de IA pueden debilitar la relación directa profesor-alumno, base del aprendizaje escolar
Los datos son clave para la educación digital: identifican brechas, miden el aprendizaje y respaldan decisiones. Pero también generan riesgos. Existe la posibilidad de que puedan emplearse para generar publicidad personalizada o para entrenar sistemas de IA comerciales. Es decir, sin un marco regulatorio, las herramientas digitales podrían servir más a intereses privados que al interés educativo.
El informe reconoce que las alianzas entre sistemas públicos y empresas privadas pueden impulsar la innovación y la escala, pero advierte de la necesidad de que esa colaboración se lleve a cabo en un marco de claro de protección de datos, gobernanza y comercialización de la educación. Por tanto, los sistemas escolares deben asegurar un uso ético, un almacenamiento seguro y una gobernanza transparente de los datos, que proteja la privacidad y evite abusos. El informe insiste en la necesidad de establecer reglas claras para que los actores privados operen bajo salvaguardas de interés público y que las administraciones educativas asuman la responsabilidad de proteger al alumnado.
Sin reglas claras, las tecnologías podrían servir más a intereses privados que al interés educativo
El marco 5C
Para alinear la transformación digital con el derecho a la educación, el informe presenta un marco práctico que ha sido elaborado por un grupo amplio de organizaciones, que incluye empresas del sector privado, grupos multilaterales, sociedad civil y representantes de los medios de comunicación, liderado por UNESCO, UNICEF y Microsoft. Dicho marco propone cinco dimensiones que habría que verificar de cara a cualquier implementación:
- Coordinación y liderazgo. El cambio digital necesita visión clara y políticas que involucren a todos los actores: gobiernos, escuelas, docentes, familias y sociedad civil. Además, la gobernanza debe estar basada en la evidencia, con marcos de regulación claros y un seguimiento que proteja los derechos del alumnado.
- Contenidos y soluciones. Es esencial ofrecer un contenido digital de alta calidad, accesible y alineado con el currículo. Dicho contenido debe apoyar la evaluación, ofrecer trayectorias de aprendizaje flexibles, ser accesible para todo el alumnado y estar disponible también en lenguas minoritarias. En su diseño y adaptación debe participar el profesorado.
- Capacidades y cultura digital. Para que la transformación digital esté centrada en las personas, es necesario desarrollar competencias digitales en las diferentes partes interesadas: docentes, equipos directivos, alumnado, familias y responsables políticos. Sobre todo, hay que garantizar el desarrollo profesional continuo del profesorado, para que enseñe con, sobre y a través de la tecnología, a la vez que sea capaz de evaluarla críticamente. Una cultura digital competente fomenta innovación, participación democrática y ciudadanía digital.
- Conectividad e infraestructura. Más allá de la conexión a Internet, la infraestructura debe incluir dispositivos, software, espacios seguros en línea y sistemas de datos interoperables. La educación digital, además, debe proteger la privacidad y complementar, sin sustituir, la enseñanza presencial.
- Coste y sostenibilidad. Para que sean sostenibles, los servicios digitales requieren de presupuestos educativos adecuados y de una financiación a medio y largo plazo. Los modelos de financiación mixtos y la cooperación multisectorial pueden contribuir a unos servicios asequibles, equitativos y orientados a la mejora educativa.
Orientación a la acción
El informe concluye con una llamada urgente a todos los agentes educativos, nacionales e internacionales, para orientar la transformación digital hacia la protección de los derechos humanos. En ese sentido, el marco 5C podría ser una herramienta eficaz para guiar las políticas de digitalización educativa.
Frente al riesgo de una implantación descontrolada de la IA, que amplifique las brechas existentes, la opción responsable es un enfoque coordinado y basado en derechos humanos que haga de la tecnología un verdadero facilitador del derecho a la educación para todas y todos.
La tecnología debe ser un medio para profundizar el aprendizaje y la equidad, no un atajo que debilite la educación pública o exponga al alumnado a nuevas situaciones de riesgo. Las herramientas digitales pueden mejorar la educación, pero solo si diseñamos sistemas que protejan los derechos, incluyan a todas las personas y preserven la relación humana en el núcleo de la enseñanza y el aprendizaje.
Referencia
- UNESCO (2025). AI and education: Protecting the rights of learners. DOI: https://doi.org/10.54675/ROQH4287
