Comienza la negociación para la reforma del profesorado en España

El pasado 14 de enero, se inició la negociación entre el Ministerio de Educación y las principales centrales sindicales para poner en marcha una reforma del profesorado que prevé cambios profundos en la profesión.

Se trata de un aspecto muy relevante de la LOMLOE que estaba pendiente de desarrollo. La reforma prevé una nueva normativa sobre el desarrollo de la profesión docente, que en parte anticipaba el “Documento para debate: 24 propuestas de la reforma para la mejora de la profesión docente” publicado hace dos años. Entre las medidas propuestas están las pruebas de selección para el acceso a los grados de Infantil y Primaria, la revisión del acceso al máster del profesorado y el incremento de prácticas, la creación de asignaturas de didáctica en carreras que habilitan para la docencia, el diseño de un nuevo sistema de evaluación del profesorado, o el replanteamiento de las oposiciones de acceso a la docencia.

Las reivindicaciones de los sindicatos se focalizan en tres puntos, que vienen reclamando desde hace años:

• Reducción del horario lectivo del profesorado, que quedaría en 23 horas semanales en infantil y primaria, y en 18 horas en secundaria. Debido a la crisis, la jornada fue ampliada por el PP hace una década, y aún no se ha revertido en todas las comunidades.
• Reducción del número de alumos por aula. Una de las propuestas para distribuir de forma más equilibrada y mejorar la atención del alumnado vulnerable sería que quienes tienen necesidades especiales de apoyo educativo cuenten el doble a la hora de calcular la ratio.
• Equiparación del cuerpo de maestros, que tienen nivel A2 en la escala administrativa con el profesorado de secundaria, que tiene nivel A1

Estas reivindicaciones sindicales vienen de lejos. Por ejemplo, la introducción del nivel A1 para el cuerpo de maestros y maestras es una demanda histórica de la confederación de sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza – Interestatal (STEs-i). Por su parte, CC. OO. viene demandando, desde hace años, un Estatuto Docente, un marco normativo que regule de forma global la profesión en cuestiones como las ratios, la jornada lectiva y el tiempo de permanencia en el centro, la formación inicial y la permanente, el desarrollo de la carrera profesional, las funciones y la salud laboral, entre otras. Las demandas más urgentes aparecen recogidas en un detallado dosier de 2023 y resumidas en una infografía a modo de decálogo. También desde el Sector de Enseñanza de UGT se recuerda al Ministerio de Educación la urgencia de desarrollar un estatuto docente que mejore las condiciones laborales y retributivas del profesorado, que haga más atractiva la profesión y que ofrezca estabilidad profesional y bienestar al profesorado.

El Gobierno está conforme con introducir estas reivindicaciones en la negociación pero, más allá de las mejoras laborales, pretende abordar otras cuestiones clave para mejorar el sistema educativo, que para las centrales sindicales son más teóricas o de menor urgencia. Se trata de aspectos de gran calado, como la implantación de un nuevo modelo de carrera profesional, a partir del futuro “Marco de competencias profesionales docentes”, o el replanteamiento del acceso a la profesión docente.

El “Marco de competencias profesionales docentes”, es un documento en el que lleva un par de años trabajando una comisión integrada por el Ministerio de Educación, el de Universidades, las administraciones educativas y la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación.  Actualmente existe un borrador muy desarrollado, y su aprobación puede ser inminente.  

La otra intención del Ministerio es reformar en profundidad todo lo relacionado con el acceso a la profesión docente. Esto incluye la reforma del sistema de oposiciones, la revisión del máster de secundaria, la creación de un examen de acceso a los grados de magisterio que determine la actitud ante la docencia y algunas habilidades básicas, y la implantación de un sistema de mentoría para acompañar al profesorado novel durante sus primeros años con docentes expertos.

El aspecto que genera más controversia es la carrera profesional docente, que podría implicar una evaluación por objetivos de la que dependería una parte del salario. En este sentido, algunas centrales, como STES-i, se manifiestan contra “los falsos argumentarios de la rendición de cuentas (evaluaciones externas y estandarizadas) que siempre desembocan en la creación de rankings, y, en definitiva, al aumento de desigualdad.” Igualmente, se oponen a la posible instauración de un “MIR educativo”.