El ‘Defensor del profesor’ del sindicato ANPE demanda un apoyo más decidido a los equipos docentes
El último informe del Defensor del Profesor, servicio que presta el sindicato independiente ANPE para apoyar al profesorado que pasa por situaciones de acoso e intimidación, refleja un aumento del 7,9% en el número de actuaciones llevadas a cabo en el curso pasado, 2023-2024 respecto del anterior. En total, el servicio realizó 2.101 actuaciones, la mayor parte de ellas concentradas en secundaria (44,6%) y primaria (36,6%).
Aunque estos datos solo supongan una pequeña muestra del conjunto del profesorado, pueden servir a modo de barómetro para medir el clima de convivencia en los centros educativos.
Según el informe, presentado esta mañana, en el pasado curso 2023-2024 se incrementaron en términos absolutos los tres tipos de casos en los que el Defensor del Profesor clasifica los incidentes que sufre el profesorado: problemas con los alumnos, problemas con los padres y otros problemas (que incluyen conflictos con la Administración, problemas de aplicación del reglamento de régimen interior o del decreto de Convivencia, y expedientes disciplinarios, entre otros). El crecimiento más significativo es el experimentado por estos últimos, que representan el 55,5% del total.
Los conflictos relacionados con el alumnado disminuyen ligeramente en términos porcentuales, al pasar del 43,3% al 41,3%. Los incidentes más habituales con el alumnado son, por este orden, las dificultades para dar clase, las faltas de respeto, las falsas acusaciones y las amenazas. En valores absolutos, aumentan los problemas a la hora de dar clase (de 410 a 421 casos) y, como dato preocupante, las agresiones de alumnos a profesores (de 138 a 157).
Los problemas relacionados con los padres se reducen levemente y se concentran principalmente en las etapas de infantil y primaria. Los más repetidos son las falsas acusaciones, las denuncias en el centro o a la inspección, las faltas de respeto y el acoso. Las agresiones físicas de padres a docentes disminuyen de 49 a 42.
Un factor clave para la convivencia es el coordinador de bienestar, una figura que, según la coordinadora del Defensor del Profesor, Teresa Hernández, es “fundamental para el bienestar emocional y la convivencia en los centros” pero, advierte, “sigue sin contar con los recursos y la formación necesarios”. Hernández subraya, además, que “aunque existen marcos normativos que favorecen la convivencia escolar, estos no son suficientes sin un verdadero compromiso de los equipos directivos y de la Administración”, e insiste en la importancia de que se impliquen todos los actores de la comunidad educativa. Hernández resalta que “los docentes deben contar con un respaldo adecuado frente a agresiones o falsas denuncias” y que “los protocolos deben ir acompañados de una memoria presupuestaria que asegure su correcta implementación”.
Estado de ánimo del profesorado
El informe evidencia una complejidad cada vez mayor de los casos de conflictividad abordados desde este servicio, así como el impacto que estos tienen en la salud mental del profesorado. Respecto al año anterior, aumenta el porcentaje de docentes atendidos por el servicio a los que se les ha diagnosticado depresión, que alcanzó el 13,4%, (frente al 12,7% del curso 2022-2023), y se mantienen muy altos los niveles de ansiedad (69,9% de los casos) y de bajas médicas (16,1%).
Para la vicepresidenta nacional de ANPE, Sonia García, “la alta incidencia de problemas asociados a la salud mental en el colectivo docente está muy vinculada a la creciente sobrecarga burocrática y a la falta de recursos aportados por la Administración para afrontar los retos educativos”. En este sentido, apunta que “factores como los constantes cambios normativos, la infradotación de las plantillas docentes y de personal de administración y servicios, y las plataformas digitales poco intuitivas y propensas a sufrir dificultades de conexión, así como la puesta en marcha de un número cada vez mayor de coordinaciones y proyectos sin consignación presupuestaria ni de personal, multiplican las tareas que debe realizar el personal docente y le provocan estrés y desmotivación”.
García advierte de que el sistema educativo español necesita “reformas profundas” para mejorar la consideración social del profesorado y garantizar el progreso de la sociedad. En este sentido, demanda “acuerdos estables que garanticen la perdurabilidad de la normativa y estimulen a los profesionales reconociendo sus méritos”. A su juicio, es imprescindible legislar un Estatuto Docente que contemple los derechos y deberes del profesorado, su valoración y su dignificación ante la sociedad, y en el que se articulen medidas que devuelvan la autoridad al docente y se establezcan las bases de una verdadera carrera profesional que haga la docencia más atractiva y motivadora. Además, recuerda la necesidad de que se reconozcan las enfermedades profesionales de los docentes.
Del mismo modo, García exige una “mayor inversión en educación, que permita abordar necesidades como la reducción de las ratios alumnado-docente, el refuerzo de las plantillas docentes y una dotación suficiente de personal de administración y servicios en los centros”. Igualmente, reclama “la simplificación de la documentación que debe cumplimentar el personal docente, la creación de entornos virtuales accesibles para el profesorado y un aumento de las horas de coordinación y acción tutorial con el fin de posibilitar que las tareas burocráticas se realicen dentro del horario de trabajo”.
Fuente: ANPE
