IX Informe Foessa: la sociedad del desasosiego

El IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España, impulsado por Cáritas y elaborado por la Fundación FOESSA, muestra una realidad contradictoria y compleja, en la que «los indicadores macroeconómicos sugieren recuperación y crecimiento, pero bajo la superficie aparente de bonanza se extiende un malestar estructural que atraviesa todas las dimensiones de la vida colectiva.» Esta peculiar convivencia de elementos contradictorios -crecimiento económico que coexiste con vulnerabilidad social, estabilidad institucional con desafección democrática o modernización tecnológica acompañada de fragmentación comunitaria- constituye la base de lo que el informe denomina la «sociedad del desasosiego», caracterizada por la incertidumbre vital, la vulnerabilidad ecológica, la fragmentación comunitaria y la desorientación social. 

El análisis constata que pobreza y exclusión no pueden explicarse mediante una sola variable, sino que se producen por la acumulación de desventajas relacionadas con empleo, vivienda, educación, origen familiar, salud, género, situación migratoria y vínculos sociales. Además, las recuperaciones económicas no bastan para reconstruir la integración perdida, por lo que se necesitan sin reformas estructurales para evitar que cada crisis deje una sociedad algo más vulnerable. 

Por ello, FOESSA plantea no solo reforzar las políticas sociales existentes, sino revisar las bases del modelo, porque las respuestas sectoriales resultan insuficientes ante una crisis que considera sistémica. Por ello, propone un nuevo pacto social capaz de articular a todos los agentes (Estado, mercado, familias y comunidad) y de integrar justicia social y sostenibilidad ecológica.  

La investigación se apoya fundamentalmente en la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), realizada en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares de toda España. El informe utiliza una concepción multidimensional de la exclusión, que integra 37 indicadores relacionados con empleo, consumo, vivienda, salud, educación, relaciones familiares, participación social y redes de apoyo, y distingue entre integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa. Esta metodología permite analizar no solo la pobreza monetaria, sino también la acumulación de desventajas y los procesos que llevan a los hogares hacia la inclusión o la exclusión. 

Una sociedad fragmentada 

El diagnóstico identifica la profunda transformación de la estructura social española. Según el informe, las clases medias han perdido peso y cohesión, y se reducen del 58% de la población en 1994 al 43% en 2024. Paralelamente, se fragmentan los estratos sociales situados por debajo de ellas y se debilitan las antiguas identidades colectivas vinculadas al trabajo, de modo que la autoidentificación como clase obrera habría pasado del 35% a mediados de los años noventa al 13% en 2024. Este cambio refleja la terciarización económica, la pérdida de empleo industrial, la precarización laboral y la creciente individualización de las trayectorias vitales. Esta transformación coincide con una profunda mutación demográfica asociada a la inmigración, al envejecimiento y a la caída de la natalidad.  

Las víctimas de la fractura social  

La exclusión tiende a concentrarse en grupos de especial vulnerabilidad: mujeres, inmigrantes y jóvenes: 

• En el caso de los hogares encabezados por mujeres, la exclusión ha crecido del 17% en 2007 al 21% en 2024, y en las familias monoparentales ha aumentado del 12% al 29%. De hecho, el 42% de los hogares en exclusión severa están encabezados por mujeres, frente al 27% en 2007. El informe relaciona esta situación con la combinación de precariedad laboral, parcialidad, brecha salarial y sobrecarga de cuidados. 

• La población de origen inmigrante presenta también una exposición muy elevada, con un 47,4% en situación de exclusión, frente al 15,3% de la población autóctona. El informe relaciona estos resultados con las barreras de acceso a empleo, vivienda, derechos y ciudadanía, y con el aumento de la discriminación étnica. 

• Los jóvenes y los niños forman también parte del grupo de perdedores del modelo socioeconómico actual. Un tercio de toda la exclusión severa en España corresponde a menores de edad, cuya tasa de pobreza se sitúa en el 29%, la más alta de todos los grupos de edad y de las mayores de Europa. Además, 2,5 millones de jóvenes afrontan condiciones de precariedad estructural, con altas tasas de temporalidad, empleos a tiempo parcial y salarios bajos. 

La precariedad laboral se ha convertido en una característica estable del mercado de trabajo y a ella se añade una brecha generacional, por la que la juventud entra en el mercado laboral con peores condiciones que las generaciones anteriores.  

El informe confirma la fuerte conexión entre condiciones sociales y salud. Entre los hogares más vulnerables con enfermedades graves, un 6% no recibió atención médica, el doble que en el conjunto de la sociedad. Asimismo, los diagnósticos de depresión, ansiedad o trastorno adaptativo superan el 12% entre las personas en exclusión severa, frente al 6% del conjunto social. El debilitamiento de las relaciones agrava este panorama. El aislamiento entre las personas en exclusión severa se multiplicó por cinco entre 2018 y 2024, pasando del 3,2% al 16,6%. El informe considera que las redes familiares, vecinales y asociativas constituyen un factor protector esencial y recuerda la necesidad de reconstruir lo que llama el «escudo comunitario». 

El origen familiar sigue siendo decisivo 

El estudio confirma que el origen familiar sigue siendo decisivo. Los hijos de personas con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en situaciones de pobreza que los de progenitores altamente formados.  

El ascensor social de la escuela no está bien engrasado. El estudio destaca que la ESO ya no protege de la exclusión. El «cortafuegos» contra la pobreza se ha desplazado al Bachillerato y a la FP. Si una persona no consigue completar estudios superiores a la ESO, su riesgo de caer en exclusión severa se multiplica por 2,7.  

El informe cuestiona, por tanto, una interpretación estrictamente meritocrática de la movilidad social: el capital económico, cultural y relacional heredado condiciona fuertemente las oportunidades educativas, laborales y residenciales. 

Una desigualdad que se consolida y se transmite 

El informe muestra que la desigualdad no es solo una diferencia de ingresos, sino un fenómeno estructural que afecta al acceso a recursos, derechos, patrimonio y oportunidades. 

La dificultad de acceso a la vivienda ocupa aquí un lugar central. El informe constata que la vivienda se ha convertido en uno de los principales mecanismos de reproducción de la desigualdad patrimonial. Como consecuencia, el 10% más rico concentra el 54% de la riqueza, mientras la mitad de los hogares posee solo el 7%. 

El ingreso mínimo vital (IMV) representa un avance importante, pero su cobertura continúa siendo limitada respecto a la población potencialmente beneficiaria. Los servicios sociales, por su parte, deberían superar una lógica exclusivamente asistencial y orientarse hacia la autonomía, la inclusión comunitaria y el acompañamiento personalizado.  

El informe constata una pauta reiterada: cada crisis aumenta la exclusión con rapidez, pero las recuperaciones posteriores son más lentas y solo compensan parcialmente las pérdidas acumuladas. Esto explica que, aunque la población excluida disminuyó en 1,7 millones entre 2021 y 2024, la exclusión severa en este último año seguía siendo un 52% superior a la de 2007. La mejora más clara se produce en el ámbito laboral, por la reducción del desempleo, pero esta mejora queda parcialmente anulada por el deterioro residencial. La vivienda, por tanto, se convierte en el principal factor de riesgo y en un mecanismo que conecta pobreza, precariedad, salud y bloqueo de los proyectos vitales. 

Hacia una «democracia del cuidado»  

Las crisis sociales y ecológicas no son independientes, sino fenómenos que se refuerzan mutuamente y afectan de forma desigual a grupos y territorios.  

La combinación de incertidumbre, precariedad, deterioro ambiental y debilitamiento comunitario alimenta una «sociedad del miedo», en la que aumentan el repliegue individualista, la desconfianza institucional y la polarización. Frente a ello, las conclusiones del informe proponen superar una concepción exclusivamente individual del bienestar y avanzar hacia la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. En esta perspectiva, el bienestar debe transformarse en «biencuidar» y avanzar hacia una «democracia del cuidado». 

Referencia 

• Flores Martos, R. (coord.) (2025). IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, Cáritas Española y Fundación FOESSA.