Un informe de la UNESCO analiza el uso de teléfonos móviles en las escuelas de América Latina
El informe ¿Celular en las escuelas? Agenda pública en América Latina, que resulta de una investigación de la UNESCO en doce países latinoamericanos, analiza los argumentos a favor y en contra de su integración pedagógica. El documento muestra que la tendencia predominante no es la prohibición absoluta, sino la regulación parcial del uso de dispositivos en los espacios escolares, y sostiene que el debate no debe reducirse a una dicotomía entre permitir o prohibir los teléfonos móviles, sino inscribirse en una estrategia más amplia de formación para la ciudadanía digital, que permita al alumnado participar de manera segura, ética y responsable en entornos digitales.
La expansión de los dispositivos digitales en la infancia y la adolescencia, unida a la preocupación creciente por sus efectos sobre el aprendizaje, la salud mental y la convivencia escolar, ha impulsado la adopción de diversas medidas regulatorias. En este contexto, el informe de la UNESCO ofrece una visión panorámica de la situación latinoamericana y trata de contribuir a un debate bastante polarizado entre las posiciones prohibicionistas y las centradas en la integración tecnológica.
Tras sistematizar las diferentes respuestas normativas adoptadas por los países de la región, el informe identifica una tendencia creciente hacia la regulación del uso de teléfonos móviles en las instituciones educativas, aunque con importantes diferencias en cuanto a alcance, intensidad y mecanismos de aplicación.
Se dan tres modalidades de intervención: la prohibición, la restricción y la regulación. Mientras que la primera implica la exclusión total del dispositivo en el ámbito escolar, las otras dos contemplan distintos grados de uso condicionado. Según el informe, la mayoría de las políticas latinoamericanas se ubican en estas últimas categorías, aunque existe mucha diversidad. Algunos países han aprobado legislación nacional específica sobre la materia, mientras que otros avanzan mediante resoluciones ministeriales, proyectos legislativos o normativas subnacionales. Estas regulaciones suelen incorporar excepciones vinculadas a necesidades pedagógicas, razones médicas o situaciones de comunicación familiar, lo que indica que, incluso en los sistemas más restrictivos, se reconoce que los dispositivos móviles pueden desempeñar funciones positivas dentro del proceso educativo.
Principales preocupaciones
El informe identifica un conjunto de preocupaciones que han impulsado la adopción de medidas restrictivas en distintos países:
- La primera se relaciona con el impacto de los teléfonos móviles sobre la atención y la concentración. Diversos actores educativos consideran que la presencia permanente de estos dispositivos favorece la dispersión y dificulta el desarrollo de actividades de aprendizaje sostenidas. Desde esta perspectiva, la reducción de estímulos digitales durante el horario escolar contribuiría a mejorar las condiciones para el trabajo académico.
- Un segundo argumento se vincula con la convivencia escolar. Los teléfonos móviles pueden facilitar prácticas de ciberacoso, difusión no consentida de imágenes, hostigamiento entre pares y otras formas de violencia digital que afectan el bienestar de los estudiantes. Las restricciones son presentadas, en este sentido, como una herramienta preventiva destinada a reducir riesgos y proteger a la comunidad educativa.
- Asimismo, el informe señala la preocupación por los posibles efectos del uso intensivo de pantallas sobre la salud física y emocional. Entre los problemas frecuentemente mencionados figuran las alteraciones del sueño, la ansiedad, la dependencia tecnológica y las dificultades en las relaciones interpersonales presenciales.
- Finalmente, la expansión reciente de herramientas de inteligencia artificial generativa ha añadido una nueva dimensión al debate. Algunos responsables educativos consideran que el acceso sin restricciones a teléfonos móviles puede facilitar prácticas de plagio o dependencia excesiva de sistemas automatizados para la realización de tareas y evaluaciones.
Aunque reconoce la legitimidad de estas preocupaciones, el documento de la UNESCO rechaza una prohibición generalizada y advierte de que las restricciones, por sí solas, no constituyen una solución suficiente. Aunque puedan ser útiles en determinadas circunstancias, resultan insuficientes para afrontar los desafíos que plantea la digitalización de la vida social.
La mera prohibición no es una solución satisfactoria
El informe subraya que numerosos problemas asociados al uso de tecnologías digitales tienen su origen fuera de la escuela y continúan manifestándose incluso cuando los dispositivos son excluidos del aula. El ciberacoso, la exposición a contenidos nocivos o las dificultades relacionadas con el bienestar digital son fenómenos que trascienden los límites institucionales y requieren respuestas más complejas.
Además, la evidencia disponible sobre los efectos de las prohibiciones resulta heterogénea. Si bien algunos estudios muestran beneficios en determinadas circunstancias, no existe un consenso concluyente acerca de que la restricción del teléfono móvil produzca mejoras automáticas y sostenidas en el rendimiento académico o en la salud mental de los estudiantes.
El documento también destaca una cuestión de equidad. En numerosos contextos latinoamericanos, especialmente en sectores socialmente vulnerables, el teléfono móvil constituye el principal dispositivo de acceso a recursos digitales. Una prohibición absoluta podría limitar oportunidades educativas y profundizar en las desigualdades preexistentes.
Ciudadanía digital como eje de la política educativa
El informe cuestiona las soluciones simplificadoras que atribuyen a la tecnología la responsabilidad exclusiva de los problemas educativos complejos. No se trata solo de controlar los dispositivos, sino de desarrollar capacidades para utilizarlos de manera crítica y responsable. Por ello, el debate sobre los teléfonos móviles debe integrarse en una estrategia educativa más amplia orientada a preparar a los estudiantes para participar activamente en sociedades cada vez más digitalizadas.
La ciudadanía digital implica el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan comprender el funcionamiento de los entornos digitales, evaluar críticamente la información, proteger la privacidad, identificar riesgos y ejercer derechos en línea de manera responsable.
Desde esta perspectiva, la escuela no puede limitarse a restringir el acceso a la tecnología, sino que debe ofrecer herramientas para afrontar fenómenos como la desinformación, los discursos de odio, el ciberacoso, la manipulación algorítmica y los desafíos éticos asociados a la inteligencia artificial.
El informe sostiene que la alfabetización digital crítica constituye una condición indispensable para la inclusión social y la participación democrática en el siglo XXI. En consecuencia, las políticas públicas deberían combinar regulaciones razonables con estrategias de formación destinadas tanto al alumnado como a docentes y familias.
Contra la polarización, un enfoque equilibrado
El informe rechaza claramente las posiciones extremas. Por un lado, cuestiona la idea de que la tecnología sea siempre perjudicial, pero, por otro, se aleja de los enfoques tecnocéntricos que presentan los dispositivos digitales como instrumentos capaces de resolver automáticamente los problemas educativos. La UNESCO propone un enfoque equilibrado que reconozca simultáneamente las oportunidades y los riesgos asociados a los teléfonos móviles. Desde esta óptica, la regulación puede ser necesaria para proteger las condiciones de enseñanza y aprendizaje, pero debe integrarse en una política más amplia orientada a fortalecer la formación ciudadana en entornos digitales.
Un aspecto esencial es la participación de la comunidad educativa en la construcción de acuerdos legítimos y contextualizados. Las decisiones sobre el uso de dispositivos no deberían responder únicamente a coyunturas mediáticas o percepciones sociales, sino sustentarse en evidencia, diálogo y objetivos pedagógicos claramente definidos.
La principal conclusión del estudio es que el problema educativo contemporáneo no radica exclusivamente en la presencia de los teléfonos móviles, sino en la necesidad de formar ciudadanos capaces de desenvolverse de manera crítica, segura y responsable en el entorno digital. En consecuencia, las políticas escolares deberían trascender la lógica de la prohibición y orientarse hacia la construcción de competencias de ciudadanía digital que permitan aprovechar las oportunidades de la tecnología sin ignorar sus riesgos. De este modo, la regulación de los dispositivos adquiere sentido únicamente como parte de una estrategia educativa más amplia, centrada en la formación integral de los estudiantes para el mundo contemporáneo.
Referencia
- Roxana Morduchowicz (2026). ¿Celular en las escuelas? Un tema en la agenda pública de América Latina. Montevideo: UNESCO. Disponible en este enlace: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000398116
